Mientras el Ministerio de Economía prepara para los próximos días el cambio de imagen institucional que tendrá la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los gremios de los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) rechazaron el despido de más de 3.000 empleados, y lanzaron un paro de actividades en lo que resta de la semana.

El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina convocó a realizar un paro de actividades que incluirá un apagón informático de 10 a 12 y la realización de asambleas en los lugares de trabajo. Desde la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (Aefip), el segundo gremio del organismo -el tercero es el de los jerárquicos- adhieren a la medida.

Se prevé un recorte del 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la AFIP, lo que representará una disminución del 34% en su estructura actual y se traducirá en un ahorro anual de $ 6.400 millones, aseguró el Gobierno. Además, “se procederá a la desvinculación de 3.155 agentes que ingresaron de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista, lo que equivale al 15% de la dotación actual”, se comunicó oficialmente. En el Palacio de Hacienda afirmaron que las medidas no afectará el funcionamiento de los trámites que se realizaban a través de la página web del organismo.

“Esta decisión, que en un primer análisis parece responder principalmente a razones económicas, también lleva consigo un trasfondo político que no puede pasarse por alto”, indica a LA GACETA Alberto Mastandrea, Socio de Impuestos & Legales, BDO en Argentina.

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Desde una perspectiva económica, la principal motivación detrás de la medida parece ser la búsqueda de un mecanismo para discontinuar ciertos privilegios salariales y beneficios laborales que, en la visión del Gobierno, ya no se corresponden con la realidad económica que atraviesa el país, indica el consultor. La AFIP, un organismo que ha gozado históricamente de condiciones laborales excepcionales para sus funcionarios, está en el centro de este ajuste. Según Mastandrea, la actual coyuntura económica, caracterizada por un déficit fiscal creciente y la presión de los organismos internacionales de crédito, parece haber impulsado la necesidad de revisar estas condiciones. Sin embargo, esta reestructuración implica un profundo cambio en la estabilidad laboral de miles de empleados que, amparados por el régimen de estabilidad laboral, podrían enfrentar un escenario de incertidumbre, puntualiza el experto.

La Ley de Bases, en su artículo 52º, dispone que el personal alcanzado por este régimen, afectado por medidas de reestructuración que conlleven la supresión de órganos u organismos, quedará en situación de disponibilidad por un período máximo de 12 meses. Esto significa que, de disolverse la AFIP y crearse la ARCA, los cesanteados perderán la estabilidad del empleo público y los beneficios de los convenios colectivos de trabajo que regían el organismo, recordó.

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En este contexto, el desafío para la nueva Agencia no es menor. “No solo deberá demostrar capacidad para simplificar los procedimientos tributarios, sino que, además, estará bajo la presión de modernizarse tecnológicamente para mejorar la eficiencia de los procesos administrativos”, explica..

El objetivo, al parecer, es lograr que el nuevo organismo sea más ágil y esté alineado con las demandas de eficiencia y productividad que ya enfrentan los actores privados. Sin embargo, la transición no será fácil, y el verdadero reto será crear un ente capaz de operar con mayor efectividad sin que eso signifique una reducción de derechos laborales o un deterioro en la calidad del servicio, acota.

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Aunque las motivaciones económicas están claras, no se puede soslayar que esta decisión también tiene un fuerte componente político. “La AFIP ha sido durante años un organismo de gran relevancia dentro de la estructura estatal, y cualquier modificación en su funcionamiento tiene profundas repercusiones en el equilibrio de poder dentro del Estado. En un contexto político donde se buscan señales de austeridad y eficiencia, el cambio en la AFIP parece responder a una estrategia para mostrar capacidad de ajuste frente a una crisis que no cede”, detalla Mastandrea. Según las entidades que representan a los profesionales en Ciencias Económicas, la medida “no cambia nada, ni de la carga tributaria, ni los aplicativos, ni el calendario ni de obligaciones”. En el Gobierno reforzaron este concepto: todas las gestiones efectuadas se mantienen y se conservarán los servicios y procedimientos como hasta ahora.

Funciones

La AFIP fue creada hace 28 años a partir de la fusión de la Dirección General Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas, durante la administración presidencial de Carlos Menem. Ahora es reemplazada por ARCA, que tendrá las siguientes funciones:

• Recaudación de impuestos: se encargará de la fiscalización y cobro de los impuestos nacionales.

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• Control aduanero: supervisará el comercio exterior, al gestionar las operaciones de importación y exportación, y que se cumplan las normativas aduaneras del país.

• Reducción de la burocracia: ARCA busca simplificar los procedimientos administrativos, con la eliminación cargos y estructuras innecesarias para mejorar la agilidad y eficiencia de los trámites.

• Optimización de recursos: gestionará una estructura más compacta y eficiente, con el objetivo de reducir costos.